miércoles, 12 de julio de 2017

El espionaje, la gobernabilidad y el derecho a la privacidad.




Han salido noticias que han expuesto el espionaje gubernamental del que han sido objeto connotados activistas y periodistas mexicanos. También se ha indicado que el espionaje no es nuevo. Me enternece (bueno, Elena siempre me enternece) la búsqueda y hallazgo de los datos desclasificados producto de espionaje del que  Poniatowska  fue objeto entre 1962 y 1985, por la Secretaría de Gobernación. Se encuentran en el tenebroso Lecumberri. Sí, desde entonces y más atrás ha habido espionaje político en nuestro país, realizado principalmente por la Secretaría de Gobernación, aunque ahora sabemos que también la PGR y la Sedena tienen equipos.
Tal parece que quienes se dedican al activismo político, fiscalización de recursos públicos, Organizaciones No Gubernamentales, comunicación social y todos aquellos que tienen que ver con la política (entendida ésta como el gobierno de la polis, es decir, de la comunidad) han sido y son observados por diversas instancias del poder público.
Se supone que sólo tienen permiso de ser espiados quienes están siendo investigados por algún delito y con orden federal. Pero, al parecer, se persigue a quienes quieren corregir, reformar, revolucionar, enmendar al sistema y no a los delincuentes.
Esto puede hacernos suponer que el gobierno espía está aliado a los delincuentes y persigue y espía a quienes los denuncian. Si no, ¿en qué hubiera beneficiado el haber invertido tantos millones de dólares en los sistemas espías de telecomunicaciones que han contratado?
¿Para qué tener acceso a tanta información personal de esos mexicanos responsables y conscientes? Solo me queda responder que para conocer con anticipación los movimientos y opiniones y debilidades de cada uno de ellos. ¿Para qué? Para tener margen de maniobra política.
¿De qué les ha servido? En realidad no para gran cosa. El gobierno mexicano está cada vez más desprestigiado nacional e internacionalmente. Su corrupción, instigación al fraude electoral (lo vimos en las más recientes elecciones locales), e intromisión en la vida personal de ciudadanos comunes y corrientes, lo desacredita, a él y a su partido, y los presenta como más corruptos que nunca, más ineficaces que nunca, más incapaces que nunca.Quizá por eso espían, para poder tapar el sol con un dedo. Esto ante los ciudadanos informados.
Y ante la gran masa de mexicanos desinformados y manipulados por los medios masivos de comunicación, que no piensan más que en lo que harán para comer ellos y sus familiares, también hay un gran descrédito, que se presenta en las cifras económicas duras: el dinero y los salarios alcanzan cada vez menos para comer, para vestir, para una vivienda digna, para un transporte digno. La inseguridad crece y los desplazados por la violencia son más cada día.
Y lo que es peor, también a nivel estatal algunos gobiernos han adquirido equipo sofisticado de espionaje de los celulares y teléfonos. Querétaro entre ellos, según constan los datos aportados por Aristegui.com, Proceso y otros medios de comunicación.

Desde el punto de vista de quienes ejercen el poder, el tener la mayor disponibilidad de información sobre los actores y adversarios políticos siempre ha sido una necesidad, para poder tomar decisiones. Es ahí donde se invierten grandes cantidades de dinero en la compra de sofisticados equipos y tecnología. El problema es cuando se privilegia la información y no los resultados en el bienestar social, económico y político de la mayoría de la población.
Me explico: se pretende gobernar por encimita. Importa más lo que se dice, el trending topic, que resultados palpables en la vida comunitaria. Por eso la importancia de las redes sociales que son y no un reflejo de la opinión social.
Así, les importa sobremanera controlar las expresiones masivas de descontento, ya sea en las redes sociales o físicamente, en las calles. No tanto resolver las situaciones que más aquejan a la población, que ha visto mermada considerablemente su nivel de vida desde la entrada formal al neoliberalismo en México, desde la década de los ochenta.
Sin embargo, en México, un país de leyes cuasiperfectas, han surgido voces que pedían a gritos leyes protegieran la vida privada de las personas, pues ahora más que nunca está muy vulnerada por el uso cotidiano de las nuevas tecnologías de la comunicación.
Y se suponía que el carísimo Iphone de Apple, en sus distintas versiones, era el que resguardaba los datos personales y resultó que no, sí existe forma de vulnerar el sistema con el famoso Pegasus.
Un ejemplo ilustrativo de hasta dónde ha llegado el mal uso de las tecnologías de la información y sus excesos, ha sido la persecución de que ha sido objeto Aleida Quintana, activista por los derechos de las mujeres frente a hechos de violencia como desapariciones, trata de personas y feminicidios en Querétaro. Poseyendo como lo tienen la tecnología de punta en el gobierno estatal, se hace poco o nada para encontrar a las mujeres desaparecidas, menos aun a quienes cometieron el delito. Entonces, ¿para qué tanta inversión? Eso sí, ella se tiene que proteger de muchas maneras para que no dejar rastro de sus actividades en internet y vía celular.  Y de todos modos la siguen agrediendo, amenazando, vulnerando su seguridad y vida privada.
Igual a nivel nacional. Es innegable el incremento de la violencia en el país, con los grupos organizados delincuenciales invadiendo y dominando franjas expansivas de territorio. ¿De qué les ha servido poseer tecnología tan sofisticada de violentar las comunicaciones? Para todo menos que para lo que fueron compradas: para perseguir delincuentes MEDIANTE ORDEN JUDICIAL.
Tampoco han investigado con ciencia y diligencia el rastro de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, más bien infectaron de Pegasus los celulares de los del GIEI, investigadores internacionales expertos que acudieron al llamado de los padres de los 43 para aportar su conocimiento y experiencia en el esclarecimiento de los hechos.
No se justifica entonces la invasión a la vida privada de periodistas, investigadores, activistas e incluso sus familiares menores de edad, si el objetivo es únicamente tener información para garantizar la gobernabilidad. Y me refiero a invasión a la vida privada cuando se trata de datos que los usuarios no comparten voluntariamente en una red social o pública. Aun cuando ha sido el espionaje una costumbre milenaria por quienes detentan el poder político, pero igual han sido el abuso y la corrupción.
Es cierto, información es poder. Pero el acceso a ella está acotado por leyes internacionales y nuestra Constitución (art. 16 constitucional), así como por  la Ley De Protección De Datos Personales En Posesión De Sujetos Obligados, apenas aprobada en este 2017.  
Me queda una duda: ¿ los gobiernos que han comprado los carísimos software espías, qué deberán hacer con toda la información de la vida privada e íntima de las personas acumulada en sus oficinas? Quizá deban desecharla, pues desde enero están violando expresamente la ley.
O mejor, reservarla para que, diez o veinte años después, cuando ya no se considere información clasificada, reconozcamos con miedo, sorpresa e indignación, así como le pasó a Elena Poniatowska, en los registros digitales de algún archivo perdido, nuestra vida privada con todo detalle, a todo color.
O antes, si nos organizamos y cuestionamos qué tienen almacenado ilegalmente que es nuestro y de nadie más, en sus cloacas y buhardillas.

BIBLIOGRAFIA Y REFERENCIAS
Aristegui Noticias. Junio y julio 2017.

Elena Poniatowska.  En México el espionaje lleva años de persecución”.

Azam Ahmed y Nicole Perlroth. “‘Somos los nuevos enemigos del Estado’: el espionaje a activistas y periodistas en México”. https://www.nytimes.com/es/2017/06/19/mexico-pegasus-nso-group-espionaje/

García Ricci , Diego. “Artículo 16 Constitucional.Derecho a la privacidad”. http://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3567/39.pdf

García González,  “La protección de datos personales: derecho fundamental del siglo xxi. Un estudio comparado”. https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3933/4972

García Ricci, Diego. “El derecho a la privacidad en las redes sociales en internet”. http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhumex/cont/12/art/art10.pdf